El Gobierno del Principado se opondrá “con todos los medios” a la catalogación del lobo como especie amenazada o vulnerable en toda España. Lo hará incluso, “si se hace necesario”, recurriendo a los tribunales de justicia, según señaló el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo. “Si el debate sigue avanzando, las comunidades que tenemos gestión del lobo vamos a oponernos a la catalogación de la especie porque supondría no tener herramientas para gestionarla. Y lo haremos con todos los medios: manteniendo una posición conjunta y, llegado el caso, si es necesario, recurriéndolo administrativamente”, subrayó Calvo.

El Ejecutivo de Adrián Barbón se ha alineado con los de Cantabria y Castilla y León en el agrio debate abierto en torno al futuro del lobo. Y se opone abiertamente a las pretensiones de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), avaladas por el Comité Científico y por el Gobierno central, para incluirlo en el “Catálogo español de especies amenazadas” o, en su defecto, tipificarla como “vulnerable” en el “Listado de especies silvestres en régimen de protección especial”.

Calvo considera que afirmar como hacen los conservacionistas que la gestión del lobo y los controles poblacionales van en contra de la protección del medio ambiente es “un falso debate”, y que el mejor ejemplo de ello es Asturias, “donde la especie sigue creciendo, colonizando territorio y provocando cada vez más daños”. Unos daños que cifró en dos millones de euros al año y que, “como todas las políticas en defensa de nuestra ganadería extensiva y la gestión y el uso público de nuestros parques naturales, se financian con fondos del Principado”, apuntó Calvo. De ahí su órdago al Gobierno central: “Si hablamos de gestión compartida habrá que hablar también de corresponsabilidad en el sostenimiento económico de estas políticas”.

El consejero de Medio Rural destacó que la gestión del lobo que se realiza en Asturias permite “un equilibrio” entre la conservación del medio ambiente y el desarrollo de los territorios, y evita además “problemas sociales”. Problemas que sí surgirían, en su opinión, si se declara al lobo especie protegida, como han defendido dirigentes socialistas como Hugo Morán (secretario de Estado de Medio Ambiente) o Cristina Narbona (presidenta del PSOE): “No compartimos su opinión, en países donde se ha llevado la catalogación del lobo a un nivel mayor, como Portugal, hay ahora problemas de furtivismo y de envenenamiento”.

“Hay una visión ecologista, despegada del territorio, que piensa que los daños del lobo no son relevantes. Tenemos claro que lo son porque necesitamos que haya ganadería y gente que trabaje y gestione el territorio”, expresó. Admitió, no obstante, que es posible mejorar la gestión del lobo en Asturias: “Tenemos que gestionar mejor los pagos de los daños y hacerlo con empatía hacia los ganaderos. Y hay que prevenir para que los daños no crezcan”, añadió. Entre sus planes más inmediatos para conseguirlo, una nueva línea de ayudas para que los gastos en prevención de daños puedan financiarse con dinero público hasta al 100 por ciento.