No hay marcha atrás. Las amenazas de las comunidades del Noroeste de que acudirán a los tribunales si el Gobierno continúa adelante con su idea de proteger al lobo en toda España no han amedrentado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Ayer, durante su intervención en el Fórum Nueva Economía, la madrileña afirmó que la orden ministerial en trámite para incluir todas las poblaciones de lobos españolas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) está avalada porque se elaboró “con el máximo diálogo y consenso posible”, siguiendo además las recomendaciones científicas y con el objetivo de “recuperar la convivencia”.

“El lobo probablemente está pasando de ser visto como una alimaña a considerarse un animal con dificultades de expansión en el territorio y con una función en el ecosistema”, señaló Ribera, quien resaltó que su intención al extender la protección del lobo a toda España (en la actualidad solo está protegido al sur del río Duero) persigue alcanzar “un consenso, un equilibrio y una convivencia razonable” entre el lobo y las explotaciones agrarias.

No a la caza deportiva

Otro objetivo del Ministerio es velar por la conservación de esta emblemática y controvertida especie, de modo que, si hay que intervenir para eliminar algún ejemplar que esté causando daños, se haga siguiendo las recomendaciones de las autoridades, de los científicos y de los técnicos, y con los medios más adecuados, “pero nunca en formato de caza deportiva”, como ocurre en la actualidad en varias comunidades.

La decisión de Ribera provocará la prohibición de que el lobo continúe siendo considerado una especie cinegética, como ocurre en Galicia, Cantabria y Castilla y León. En el aire queda saber qué ocurrirá en Asturias, donde el Gobierno del Principado mantiene al lobo en una especie de limbo, pues ni está considerado especie cinegética ni protegida. La duda es si el nuevo estatus del lobo permitirá al Principado continuar con su política de controles poblacionales. De momento, el ejecutivo de Adrián Barbón, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, acaba de aprobar el plan de actuaciones de control de la población del lobo 2021-22, en el que se prevé la eliminación de 32 ejemplares, una cifra que podría aumentar si en algún momento se considera necesario actuar contra algún ejemplar concreto que esté causando daños en las cabañas ganaderas.

La duda es si Ribera permitirá que el Principado siga organizando controles como hasta ahora, sin aval científico y sin señalar a ejemplares concretos que causen daños. Porque si bien los dirigentes del Ministerio han señalado en algunas ocasiones que el plan de Gestión del Lobo de Asturias puede ser el modelo, en otras han matizado que los controles solo podrán realizarse con avales científicos y dirigidos a ejemplares concretos.