El hecho administrativo impugnado por FAPAS es una circular de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado en la que aclaraba que la actividad cinegética se englobaba como esencial y, por tanto, entraba dentro del capítulo “cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada” en las excepciones que establecía la normativa asturiana que limitaba los movimientos de la gente durante el estado de alarma. Dicha circular, recuerda la sentencia, “considera que la actividad cinegética está unida de forma solidaria a la cadena de producción agroalimentaria por lo que es una actividad esencial para evitar la transmisión de enfermedades y accidentes de tráfico por la ausencia de control de la fauna salvaje”.

La sentencia del TSJA no entra a examinar el fondo de lo planteado en la circular puesto que directamente desecha el recurso del FAPAS al entender, basándose en normas y jurisprudencia, que una circular de este tipo no es un hecho impugnable al constituir “una mera instrucción y sin otro valor ni efecto respecto de los ciudadanos que el interpretativo a los efectos internos de los órganos administrativos de aplicación” de la resolución del Principado sobre las restricciones de movilidad. Es decir, el juez desestima el recurso porque la circular es una mera aclaración o interpretación de una resolución normativa que había publicado el Principado y, como tal, no puede ser impugnada.

Reacción de los cazadores

Aunque la sentencia no entre a juzgar el fondo del asunto, desde el sector cinegético la interpretan como un claro respaldo a su actividad. “Queremos poner de relieve la satisfacción por la resolución efectuada por el tribunal, que pone en su lugar al FAPAS y a su animadversión injustificada hacia el mundo cinegético y nos da la razón en la oposición ejercida en los tribunales a estas pretensiones”, establecen desde Fadovisa, una de las entidades que se personaron en el proceso contra el recurso del FAPAS. Y agregan: “La caza invierte a lo largo del año miles de euros en conservación, puntos de agua, recuperación de pastizales, caminos y pistas, desbroces y un largo etcétera, sin pedir un euro a nadie, todo a costa del bolsillo de los cazadores. A ello añadimos que fija población, produce riqueza en los negocios de pueblos que no tienen más visitas en invierno, y da riqueza a un sinfín de sectores que aportan suministros y medios a la actividad. Y, repetimos, todo ello sin un euro de ayudas públicas, todo a base del bolsillo de los cazadores. Después de esto aguantaremos los lamentos de los señores del FAPAS, pidiendo fondos y dineros para defender el medio ambiente, para salvar al medio rural según sus criterios trasnochados, sectarios, basados en odio absurdo, que probablemente derive de la envidia que tienen al ser incapaces de hacer nada más por el medio que verter acusaciones infundadas”.

Más allá de recriminaciones al FAPAS, desde el colectivo recuerdan que tienen demandas al Principado pendientes que, tras el aval judicial, ven pertinentes recordar. “Esperemos que, vista esta sentencia y este reconocimiento notorios, se tomen las medidas para que se ayude a la gestión de los cotos en función de la importancia social que tiene la actividad”, afirma Fadovisa, que deja claro que “seguimos con la espada de Damocles encima, sin tener un apoyo decidido por parte de la Administración”.

Entre sus principales reclamaciones, “un apoyo a la contratación del personal de los cotos, que es la guardería; una eliminación de los costes de explotación de los cotos, porque es un poco contradictorio que seamos esenciales pero sigamos pagando un canon cinegético muy elevado, que ronda los 6.000 o 8.000 euros en muchos cotos, y pone en peligro la sostenibilidad de los cotos; y que se regularice la situación del reglamento de daños de la fauna, clarificándose cómo se pagan y quiénes los pagan”.