La Real Federación Española de Caza (RFEC), La España VaciLada, la Oficina Nacional de la Caza (ONC) son los convocantes de la manifestación del 20 de marzo. Han llamado a movilizarse “a todos los cazadores y al mundo rural” para exigir al Gobierno que cesen “los ataques con los que quieren terminar con una actividad que genera más de 6.475 millones de euros de producto interior bruto (PIB), y crea más de 187.000 puestos de trabajo”.

El sector se considera “gravemente perjudicado por las políticas animalistas y conservacionistas del Gobierno”. Denuncia que determina­dos “intereses minoritarios” están “copando espacios comunicativos y haciendo gran presión en la toma de decisiones de la Administración”. Como consecuencia de ello se aprueban leyes que imponen “prohibiciones y limitaciones que pretenden acabar con la caza en nuestro país”.

No a la prohibición de la munición de plomo

No a la prohibición de la munición de plomo La retirada del anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales y del Real Decreto de Núcleos Zoológicos, el fin de la prohibición de la caza en los parques nacionales, de la tórtola, del lobo o del silvestrismo (captura y cuidados en cautividad de pájaros de campo para adiestrarlos al canto), o la prohibición de la caza de la perdiz roja, el zorzal o la codorniz por su posible catalogación como especies amenazadas, son algunas de las reivindicaciones del sector cinegético, que se considera por todo ello “gravemente amenazado”.

 

“Los cazadores españoles no sólo somos parte de la ‘España VaciLada’, sino que somos el mejor ejemplo: durante las intervenciones mediáticas o en campaña electoral, políticos y administraciones muestran un apoyo a la caza que posteriormente no se traduce en hechos y realidades, sino más bien en todo lo contrario”, destaca el presidente de la RFEC y coordinador de la ONC, Manuel Gallardo. Anuncia que el sector cinegético pondrá “todos sus recursos a disposición de un movimiento rural sin prece

dentes que mostrará su fuerza el 20 de marzo en Madrid”.

Exigen que el Gobierno se oponga a la pretensión de la Comisión Europea de prohibir el uso de la munición de plomo, “sin otra alternativa viable”. Creen esta medida acabaría con la caza. Asimismo, proponen que el Gobierno promueva, difunda y defienda la actividad cinegética como una “herramienta clave” a nivel económico, ecológico y social.

También reclamarán al Gobierno la participación del sector en organismos como el Consejo de la Red de Parques Nacionales, el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) y el Consejo Forestal Nacional. Y que legisle “con datos propios y/o de fuentes oficiales” sobre el estado de las poblaciones de las especies cinegéticas y no cinegéticas.

Una decisión “sectaria e inadmisible”

Una decisión “sectaria e inadmisible” Otro objetivo de los cazadores es que las competencias del sector cinegético sean reguladas y dependan en exclusiva del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Igualmente, exigen que en la Ley de Educación “no se adoctrine a los niños” en contra de la caza. También que se ofrezca una “visión realista” que no difame la actividad cinegética. Y que se catalogue a los perros y otros animales de caza como “animales auxiliares” y no como mascotas.

En cuanto a la posible demanda contra el Gobierno, la fundación Artemisan pretende derribar en los tribunales la decisión “sectaria, inadmisible y completamente injustificada” del Ministerio para la Transacción Ecológica de vetar al sector cinegético de las ayudas para el autoconsumo y almacenamiento de energías renovables.

Artemisan destaca que la caza es “la única actividad económica excluida de esas ayudas ministeriales”. Pueden acceder a esas ayudas las actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería, la silvicultura y explotación forestal o la pesca y acuicultura. Pero la caza, incluida en el mismo grupo que las anteriores de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE), queda excluida “sin ningún tipo de justificación. Esto supone una clara discriminación”.