“La población de jabalí se desmadrará”. Así lo advierten las sociedades de caza que llevan ocho fines de semana paradas –desde el 15 de agosto– como consecuencia del retraso en la modificación del reglamento regional. Mientras no salga la reforma y, seguidamente, el nuevo pliego de condiciones para explotar los terrenos, en una veintena de cotos no se puede cazar y es el Principado el que está asumiendo los gastos. “No sabemos si podremos volver a cazar este mes o el que viene o ya el próximo año”, se quejan los presidentes de los cotos afectados, que están barajando “seriamente” la posibilidad de guardar las armas esta temporada. La campaña finaliza el 28 de febrero y las cuadrillas temen no poder absorber económicamente el aluvión de daños que se avecina.

“En el momento en el que nos pongamos a cazar, partiremos de un desastre, porque llevamos más de un mes sin matar jabalíes”, avisa Andrés Álvarez, presidente de Fadovisa (Fundación para el Manejo, Desarrollo y Conservación de la Vida Silvestre y su Hábitat), colectivo que representa a la mayoría de sociedades de caza de Asturias. Álvarez realiza la siguiente reflexión: “De media, en los cotos se cazan 8.000 jabalíes al año y, aun así, la especie se incrementa sobre un 5%. ¿Qué pasará si dejamos 4.000 ejemplares en los montes?”. Es la misma pregunta que se hace Herminio Noval, presidente de la sociedad de cazadores “El Viso”, de Salas, uno de los colectivos afectados. “De septiembre a enero matamos el año pasado 444 jabalíes. ¿Qué sucederá esta temporada? Porque los ganaderos no paran de llamar por daños al maíz”, cuenta. Como solución temporal, los cazadores parados prestaron su colaboración a la Administración; sin embargo, denuncian, “encima de que ayudamos, la Consejería nos quería cobrar 250 euros por cacería de daños, así que renunciamos a ello”, apostilla Noval.

La de Salas es una de las tantas sociedades que dudan si cazar una vez se renueven las concesiones de los cotos. “No es que no queramos, es que no vamos a poder asumirlo económicamente”, precisa. La sociedad “El Mirlo”, de Las Regueras, ya tiene incluso fecha fijada para una asamblea –el día 8– en la que se decidirá “si accedemos a gestionar el coto o que lo asuma la Administración”. Se da la circunstancia, además, de que los cotos pendientes de renovación –se hace cada diez años– están situados en el área central de la región y es donde más extensión hay de cultivos de maíz y de fabes.

En el sector cunde el desánimo y el enfado, ya que afirman que, tal y como están las cosas, “la caza social no tiene futuro en Asturias”. “No pedimos más financiación, solo que nos rebajen los costes porque están acabando con nosotros”, destaca Andrés Álvarez. Y si caen los cazadores, añade, cae la zona rural. “Como mínimo un coto organiza cuatro cacerías por fin de semana. A 25 cazadores cada una por un café ya son 110 euros. Ya no hablemos si comen… Hay bares en algunas zonas de Asturias que viven básicamente de la caza, además en una temporada en la que ya no hay turistas. Y ese dinero se está dejando de ingresar este año en algunos pueblos”, alertan. Las sociedades, según explican, están obligadas a funcionar hoy en día como “pequeñas empresas”, con “cien empleados directos”. Y es el único sector, claman, en el que “hay que mantener nuestras instalaciones y encima pagar un alquiler”.

“Pagamos a la Administración por cazar, al guarda, al tío que cierra las fincas, al agricultor y al ganadero por los destrozos…”, se queja Andrés Álvarez. En Las Regueras, por ejemplo, solo en prevención –es decir, en cierres de fincas para evitar la entrada de jabalíes– ya se va “el 37% de las cuotas de los socios”, detalla Iván Álvarez. El presidente de la sociedad “El Mirlo” asegura que con su sueldo no podría pagar la entrada de su hijo en el sector, pese a la necesidad de que haya relevo generacional. “Es la cuota, la licencia, el seguro, las tasas, ahora la emisora… Son como mínimo 700 euros. La media de edad en mi coto es de 55 años”, dice. Todo ello provoca, agrega Herminio Noval, que “la gente se esté yendo a cazar a Galicia o a León”.

Jefe de cuadrilla

Aunque la iniciativa de modificar el reglamento regional de caza partió de los propios cazadores –pues la vigente norma es del año 1991–, rechazan en bloque la reforma propuesta por la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial. “La modificación hecha por el Principado se resume en que las tasas pasan de pesetas a euros. No hay nada que hayan añadido que nos ayude; al contrario. Es volver a estar en la norma de 1991”, se queja el presidente de Fadovisa. De hecho, su asociación ya ha puesto en manos de los servicios jurídicos la posibilidad de “recurrir los aspectos más lesivos” de la norma, como el uso de las emisoras. La Federación Asturiana de Caza también está en contra de esta novedad, ya que, indican, expondrá a los cazadores a más multas y, en muchos casos, serán sanciones injustas. “Hoy en día con el teléfono móvil no es necesaria una emisora”, insisten.

En lo que sí ha dado marcha atrás la semana pasada la Consejería es en eliminar el artículo referido al jefe de cuadrilla, algo que los cazadores ven “positivo”. Las sociedades pidieron regular esta figura pero, reiteran, “solo a efectos administrativos”. Lo que propuso el Principado, por contra, fue “un guarda encubierto” cuando “ni podemos serlo ni tenemos conocimientos para ello”. En concreto, el texto decía que el jefe de cuadrilla “realizará las funciones de interlocutor con los agentes del medio natural supervisores de la cacería; le corresponderá señalar el comienzo y final de cada gancho y la distribución y retirada de los puestos, vigilar las normas, y comunicar las incidencias así como las instrucciones emanadas de los agentes”.

La Dirección General de Medio Natural explica que “la función que se pretendía dar a esta figura es únicamente la de interlocución con los agentes del Medio Natural durante el desarrollo de las cacerías”. No obstante, “viendo las dudas que plantea”, la Consejería ha decidido eliminar este artículo.